La Cámara de Apelaciones de Salta declaró la inconstitucionalidad de la ley 27609.
Se trata de la ley de movilidad que rigió entre 2021 y 2024.
En sus argumentos, la Cámara de Apelaciones de Salta alegó que la política de otorgar bonos solo a los jubilados de la mínima provoco un achatamiento en la pirámide de ingresos.
El planteo lo hizo el jubilado José Rubén Palavecino, a quien el fallo favorece porque ordena el recálculo de su haber aplicando en ese período el índice de variación de precios y de salarios formales.
Este cálculo le daría a Palavicino un haber mensual del 37,7% superior al que percibe, además del retroactivo e intereses que le correspondan.
El fallo seguramente será apelado por Anses y será la Corte Suprema quien tenga la última palabra.
El veredicto se suma a otro de Mar del Plata que la semana pasada dictaminó en la causa Giménez Mirta Noemí c/ Anses s/ reajuste de haberes, que ordenó a la Anses que practique nueva liquidación por el mismo período esta vez aplicando el índice de inflación. Este fallo también se encuentra apelado.
En septiembre de 2024, la Cámara Federal de Mendoza en la causa Cortez Evaristo c/ Anses s/ reajuste de haberes, también declaró la inconstitucionalidad de dicha fórmula declarándola «un fracaso».
En estos tres casos la Corte tendrá que decidir qué índice tendrá que aplicar, ya que si bien los tres declaran la inconstitucionalidad, los tres proponen fórmulas distintas de actualización.
Por ahora la Corte está esperando estar conformada en su totalidad para poder resolver éste y otros temas pendientes.