Con la asunción de Javier Milei, el abandono de la obra pública no sólo fue una promesa sino fue una realidad inmediata y, con ello, las consecuencias comienzan a verse en rutas abandonadas y accidentes viales. Ahora el Gobierno va por más y avanza en la eliminación del organismo encargado de ejecutar obras y controles en ese sector. Organizaciones y familiares víctimas de accidentes de tránsito están en alerta.
El Gobierno se prepara para eliminar por decreto la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Frente a ello Las funciones de los organismos eliminados serán absorbidas por nuevas estructuras o por entidades ya existentes, como la Secretaría de Transporte, la futura Agencia de Control de Concesiones de Transporte y fuerzas de seguridad como la Gendarmería Nacional, según trascendió en un artículo del diario La Nación.
La aclaración más importante, es que, por ejemplo, el control de tránsito nacional pasaría a manos de Gendarmería, que no tiene las herramientas ni los conocimientos para llevar adelante las tareas que hoy realiza Vialidad. Ante ello, la ONG Conduciendo a Conciencia, compuesta por organizaciones, empresas y familiares víctimas de siniestros viales, emitió un duro comunicado dirigido al presidente Javier Milei, al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al de Economía Luis Caputo y al secretario de Transporte, Luis Pierrini, en el que manifiestan su “profunda preocupación ante la posibilidad de cierre o fusión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”. “La seguridad vial no puede verse afectada por decisiones que impliquen el debilitamiento de las políticas públicas que han demostrado salvar vidas”, plantearon y recordaron que fue el propio Milei el que, cuando asumió reconoció que en el país “mueren cerca de 15 mil argentinos por año en accidentes de tránsito”.
En el texto publicado en redes sociales y enviado al Gobierno, resaltaron que la seguridad vial «es un problema urgente que requiere un Estado presente y políticas públicas eficaces», al tiempo que remarcaron la importancia de la ANSV: «Desde su creación en 2008 mediante la Ley 26.363, la ANSV ha cumplido un rol fundamental en la implementación de normativas, controles y campañas que han permitido reducir la siniestralidad vial». Por otro lado, alertaron que la eliminación de la ANSV «no sólo generaría un retroceso en la política de seguridad vial, sino que también podría traducirse en un incremento de muertes evitables». «Uno de los logros más importantes alcanzados -remarcaron- es la implementación de la licencia nacional de conducir y la unificación del control de antecedentes. Si la ANSV desaparece, cada jurisdicción podría establecer sus propios criterios, generando desigualdad y debilitando los controles sobre conductores inexpertos o con antecedentes graves».