En diálogo con MEDIOS RIOJA, Fernando Bazán, de la Superintendencia judicial, se refirió a los resultados de la investigación sobre el Juzgado de Instrucción de Chamical, a cargo de la jueza Adriana Loureiro, que demostraron disfuncionalidades marcadas, y que «tienen que ser motivo de corrección urgente». Confirmó que la magistrada junto con su par Illanes Bordón de Chilecito, se encuentra de licencia, pero advirtió que esa situación, «no es un mecanismo para evadir la responsabilidad institucional».
«Los expedientes comprenden entre el año 2023 y 2024, y 690 actuaciones, y nos llamó la atención que más del 50 por ciento de esos expedientes no tuvieron respuesta directamente», dijo.
«En otro número de casos tuvieron respuesta, pero no instrucción. Muchos de esos casos son por violencia de género», comentó.
«Los expedientes judiciales cuando ingresan a la justicia, tienen que tener una resolución: o falta de mérito, o elevación a juicio, y cuando no hay instrucción es cuando no se lo resuelve, y eso es bastante grave», resumió.
Por otro lado, respecto a las denuncias contra el juez subrrogante, Jorge Jalil por presunta violencia laboral, el funcionario dijo que «el caso está en proceso sumarial, y se van a brindar todas las garantías del proceso tanto para la denunciante como para el denunciado».
Y adelantó que en los próximos días podría concluir el informe. «Estamos en plena etapa de investigación de esto», informó.
