La Municipalidad de Villa Allende, en Córdoba, comenzará a implementar cierres nocturnos en calles secundarias a partir de febrero, luego de que un fallo judicial avalara la instalación de portones como una medida excepcional ante el aumento de la criminalidad.
La decisión fue validada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que consideró el plan “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”.
Se trata de una estrategia sin antecedentes en la provincia de Córdoba, que se enmarca en el Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal impulsado por el municipio.
Los argumentos del Ejecutivo local
El intendente Pablo Cornet defendió la iniciativa al señalar que el 60% de los robos en la localidad ocurre durante la noche. “No responde a una decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al incremento de la inseguridad ”, sostuvo el jefe comunal, quien además recordó que fue víctima recientemente de un asalto en su propia vivienda.
El esquema inicial prevé la instalación de 15 portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con restricciones de circulación entre las 22 y las 6, bajo custodia de personal municipal.
Pese al aval judicial, la medida desató un fuerte debate político y social. Sectores de la oposición y grupos de vecinos presentaron amparos colectivos contra el plan. La concejal Marta Banegas cuestionó el enfoque y advirtió que “en vez de llevar adelante políticas de inclusión se llevan adelante políticas de segregación, y eso es peligroso”.
Los demandantes sostienen que el cierre de vías públicas vulnera derechos fundamentales, como la libre circulación y la igualdad ante la ley, y señalan la falta de estudios técnicos que prueben la eficacia de las barreras físicas para prevenir el delito.
El fallo judicial estableció que la restricción es parcial, se aplica en el marco de la emergencia de seguridad declarada en 2023 y tiene un carácter excepcional. Sin embargo, los vecinos afectados ya adelantaron que apelarán la resolución, por lo que la validez definitiva del sistema de portones quedará supeditada a una instancia judicial superior.
En paralelo, el programa municipal incluye la instalación de 300 cámaras de vigilancia y el refuerzo de patrullajes con ocho nuevos móviles, con el objetivo de crear corredores seguros y complementar los cierres nocturnos.