El próximo martes 17 de marzo comenzará una de las instancias más esperadas del juicio por la denominada causa Cuadernos. A partir de las 9 de la mañana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurará la ronda de indagatorias ante el Tribunal Oral Federal 7 en los tribunales de Comodoro Py.
La ex mandataria llega a esta etapa imputada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada, según la hipótesis fiscal, a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública durante su gestión. De acuerdo con la acusación, se le atribuyen 203 hechos de cohecho pasivo en calidad de coautora y uno como partícipe necesaria.
El Código Penal establece para el delito de asociación ilícita —en el caso de quienes son considerados líderes— penas que van de cinco a diez años de prisión. A ello se suman las imputaciones por cohecho pasivo, con penas de uno a seis años por cada hecho. Dado que la investigación contempla múltiples episodios bajo la figura de concurso real, la expectativa de pena podría alcanzar o incluso superar los 15 años de prisión en caso de una eventual condena.
La citación judicial también marca un hecho político relevante: será la primera vez que Cristina Kirchner salga de su domicilio de la calle San José 1111 desde comienzos de enero, cuando finalizó una internación médica. Actualmente cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años e inhabilitación perpetua dictada en diciembre de 2022 en la causa Vialidad, cuya sentencia quedó firme en 2025.
Empresarios arrepentidos y los registros de Centeno
La acusación se sustenta principalmente en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, además de testimonios de ex funcionarios y empresarios que declararon como imputados colaboradores.
Entre ellos aparece el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. En el expediente también figuran declaraciones de directivos que admitieron pagos ilegales vinculados a contratos estatales.
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El titular de Hidrovía S.A., Gabriel Romero, describió ante la Justicia el mecanismo de presión que, según su versión, se ejercía desde el área de Transporte. “Se manejan con el terror. Y en ese contexto Ricardo Jaime me dijo que si no pagaba el cinco por ciento no me iban a entregar el subsidio”, declaró.
En la misma línea, Aldo Roggio, directivo de Metrovías, explicó cómo operaba el sistema de recaudación. “Se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del secretario de Transporte”, afirmó durante su testimonio.
Los cuadernos atribuidos a Centeno describen con detalle supuestos traslados de dinero. En uno de los registros citados por la investigación, el chofer señaló: “Luego los llevé a Uruguay 1306, donde los esperaba Daniel Muñoz. Entraron al domicilio a dejar la plata (…) eran USD 1.900.000 de parte de los subsidios, transporte y trenes”.
Entre los episodios investigados aparece una entrega de aproximadamente USD 4,5 millones el 21 de julio de 2010, que según la acusación habría sido aportada por directivos de la empresa Electroingeniería.
Un juicio con 86 acusados y medidas especiales
El proceso judicial involucra 86 imputados, entre ex funcionarios y empresarios. Tras la declaración de Cristina Kirchner, el tribunal continuará con las indagatorias de otros ex integrantes del gobierno nacional.
Entre ellos figura el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, actualmente detenido en el penal de Ezeiza. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazaron un pedido de su defensa para que declare de manera virtual, por lo que deberá presentarse presencialmente en Comodoro Py.
Sus abogados habían planteado que el traslado representaba un riesgo para su salud, ya que el ex funcionario, de 76 años, padece diabetes e hipertensión. El tribunal consideró que esos argumentos no justificaban modificar el criterio de presencialidad, aunque ordenó que el traslado se realice en un móvil individual y con cuidados especiales.