El ex diputado nacional y autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Daniel Arroyo, dialogó con MEDIOS RIOJA y cuestionó con dureza las recientes modificaciones impulsadas por el Gobierno Nacional sobre la normativa vigente. Según el especialista, el sistema de prestaciones se encuentra actualmente colapsado, impidiendo que miles de personas accedan a servicios básicos esenciales. Para el ex legislador, estas medidas representan un «ajuste muy fuerte» que recae sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, profundizando una crisis que ya muestra signos de saturación institucional.
Arroyo puso el foco en el fenómeno del sobreendeudamiento de las familias argentinas como el problema central de la economía doméstica actual. Explicó que el costo de vida ha superado la capacidad de ingreso de los hogares, obligando a las familias a tomar deudas para cubrir necesidades elementales. En el caso particular de los hogares con personas con discapacidad, el impacto es aún mayor, ya que enfrentan gastos adicionales de hasta un 30% que el sistema de salud y asistencia social ya no está cubriendo debido a los recortes.
Uno de los puntos más polémicos señalados por el ex funcionario es la decisión del Ejecutivo de restablecer criterios de incompatibilidad para el otorgamiento de beneficios. Arroyo manifestó su desconcierto ante esta política de «volver para atrás», afirmando que esta decisión de gestión «ha decidido lastimar» deliberadamente a quienes menos tienen. Advirtió que, al quitar la posibilidad de combinar apoyos estatales con otros ingresos mínimos, se empuja a miles de beneficiarios a la indigencia y al desamparo prestacional.
En su análisis del clima social, Arroyo destacó que la sociedad atraviesa un estado de enojo generalizado hacia las instituciones políticas y sindicales, dejando a la escuela como el único ámbito de representación que aún goza de respeto público. Advirtió sobre un fenómeno de «implosión social» silenciosa, motorizado por una economía dominada por trabajadores cuentapropistas que ya no logran sostener sus condiciones de vida básicas frente a un Gobierno que calificó de «testarudo» en su política de recorte fiscal.
Finalmente, el autor de la ley de emergencia instó a las autoridades nacionales a «abrir los ojos» y reconsiderar la profundidad del ajuste en el área de discapacidad. Criticó que se utilice la agenda legislativa para desviar la atención de otros temas públicos mientras, en la realidad cotidiana, el sistema de salud está siendo desmantelado. Para Arroyo, no se trata solo de una cuestión de equilibrio fiscal, sino de una falta de sensibilidad social que pone en riesgo la paz y la integridad de las familias más frágiles del país.