La comunidad educativa de la provincia atraviesa días de profunda incertidumbre tras registrarse dos incidentes graves en diferentes instituciones. El primero de ellos tuvo lugar en la localidad de Ulapes, donde el hallazgo de un mensaje anónimo en los sanitarios de un establecimiento escolar alertó a las autoridades sobre una presunta amenaza de tiroteo. Este hecho activó de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando a las fuerzas de seguridad locales para garantizar la integridad de los menores.
Ante la gravedad del escrito encontrado, la policía de la provincia dispuso una guardia permanente en los accesos al edificio escolar de Ulapes. El objetivo primordial de esta medida es resguardar tanto a los estudiantes como al cuerpo docente y no docente, mientras se intenta determinar la veracidad y el origen de la amenaza. La presencia de patrulleros en la puerta del colegio ha transformado la rutina diaria en un escenario de tensión constante para las familias.
Por su parte, los padres de la institución en Ulapes manifestaron su preocupación y exigieron que el problema no sea tratado únicamente como un hecho policial. Si bien valoran la rapidez de la respuesta de seguridad, los tutores consideran que las autoridades educativas deben profundizar en el abordaje psicológico y social de los alumnos. Sostienen que este tipo de mensajes son síntomas de conflictos internos que requieren una intervención pedagógica y profesional urgente para evitar tragedias.
Simultáneamente, un segundo hecho de violencia sacudió al Colegio Provincial N°1, donde un adolescente de 17 años amenazó a un compañero a través de un grupo de WhatsApp. El joven, que cursa el quinto año, envió un mensaje intimidatorio con la frase “te estoy apuntando”, lo que generó un estado de alerta entre los integrantes del grupo y motivó la intervención de la rectoría del establecimiento, que dio aviso inmediato a la Comisaría Primera.
Al arribar el personal policial al colegio, la situación tomó un giro inesperado cuando el estudiante involucrado decidió entregar de forma voluntaria el objeto de la discordia. Se trataba de una pistola de plástico de juguete, la cual había sido utilizada para ilustrar la amenaza en el entorno digital. A pesar de tratarse de un elemento inofensivo en términos físicos, la carga psicológica y el contexto de violencia digital activaron la intervención de la Justicia de Menores.
La fiscal de turno, Dra. Moreno, ordenó que el caso fuera derivado al área de Asuntos Juveniles para realizar las pericias correspondientes. Personal policial labró las actas en el establecimiento y preservó los elementos relacionados con el hecho para continuar con las actuaciones procesales. El incidente pone de relieve la delgada línea que separa una supuesta «broma» de un delito de amenazas en el ámbito escolar.
Posteriormente, bajo las directivas de la Dra. Ivana Alarcón, se procedió al secuestro formal de la réplica plástica y otros elementos de interés para la causa. Tras completar los pasos legales, se dispuso que el menor fuera entregado a su tutora legal, aunque el proceso judicial seguirá su curso bajo la supervisión del Juzgado de Menores para evaluar posibles sanciones o medidas de conducta.
Ambos episodios reflejan una problemática creciente en los centros educativos de la región, donde la violencia —ya sea mediante mensajes anónimos o redes sociales— desafía la convivencia diaria. Las autoridades provinciales se encuentran ahora evaluando nuevas estrategias de seguridad y prevención, buscando un equilibrio entre el control policial y el apoyo emocional para devolver la tranquilidad a las aulas riojanas.