La provincia de La Rioja se posiciona como el distrito con mayor irregularidad crediticia de la Argentina. Así lo revela el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos a julio de 2026, presentado por su director, Hernán Letcher a MEDIOS RIOJA, en el cual detalla un escenario de creciente fragilidad financiera para los hogares locales.
Con 70.633 deudores morosos, La Rioja abarca el 1,2% del total nacional. Si bien en cantidad absoluta de afectados se ubica en el puesto 21° del país, el dato más alarmante se da en términos porcentuales: la provincia alcanza un 23,5% de morosidad, superando con amplitud el promedio nacional del 15,7% y relegando a la jurisdicción al primer puesto entre los 24 distritos federales.
El desglose por plataformas muestra que los deudores exclusivos del sistema bancario representan el 0,7% del total país, mientras que aquellos que operan de manera exclusiva con billeteras virtuales trepan al 1,4%. En promedio, cada moroso acumula una deuda de 3 millones de pesos, dividida en 2,1 millones con los bancos y 1,3 millones con las fintech y billeteras digitales.
El perfil de los afectados y la crisis salarial
El estudio advierte que el impacto recae con mayor fuerza sobre la población económicamente activa y de menores ingresos. El 69,9% de los morosos se concentra entre los 25 y 54 años, siendo el tramo etario de 25 a 34 años el más castigado, con un total de 19.787 personas afectadas.
La gravedad del problema también se refleja en la calidad de la deuda: predomina fuertemente la Situación 5 (irrecuperable), que agrupa a 45.582 casos, de los cuales más de 10.000 riojanos figuran formalmente como morosos incobrables.
Desde el CEPA apuntan que esta crisis no es aislada, sino parte de una problemática estructural que afecta a las provincias de menores ingresos —con La Rioja, Catamarca y Tucumán a la cabeza—, donde la combinación de alta inflación, salarios bajos y un mercado laboral precarizado ahoga la capacidad de pago de los sectores jóvenes. Asimismo, el informe señala una cuota de responsabilidad tanto en las políticas estatales como en las estrategias de colocación de crédito del sector financiero.
Como nota de expectativa hacia el corto plazo, el análisis anticipa que los índices de morosidad podrían registrar una baja durante los próximos meses impulsados por los acuerdos de renegociación de deudas que actualmente lleva adelante el Banco Nación.