La nieta del expresidente sostiene que fue víctima de una estafa tras intentar vender la vivienda adquirida con la herencia de Carlitos Menem Jr. Su defensa exige frenar la medida hasta que se esclarezca la causa penal.
La disputa por una propiedad ubicada en la localidad cordobesa de Villa Parque Síquiman sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia dictó la orden de desalojo contra Antonella Menem, nieta del expresidente Carlos Menem, en el marco de un conflicto dominial que se extiende desde hace más de diez años.
La causa involucra denuncias cruzadas sobre la titularidad del inmueble. Según sostiene la defensa de Menem, la vivienda fue adquirida con los fondos correspondientes a la herencia de su padre, Carlitos Menem Jr. Sin embargo, al momento de intentar ponerla a la venta, advirtieron presuntas irregularidades y alteración de los documentos dominiales, lo que motivó una denuncia por estafa inmobiliaria.
El reclamo de la defensa
El abogado de la joven, Ignacio Barrios, se manifestó públicamente en contra de la ejecución de la medida de fuerza y reclamó una intervención judicial integral:
«Exigimos una respuesta judicial clara y que se resguarden sus derechos antes de avanzar con el lanzamiento.»
El caso ya registraba antecedentes de tensión: en febrero de 2024, Antonella Menem había informado públicamente la recuperación de la posesión del lugar. No obstante, las presentaciones en el fuero civil continuaron su curso hasta la reciente emisión de la orden de desalojo.
Conflicto entre el fuero civil y la causa penal
El eje del debate legal gira alrededor de los tiempos de resolución del sistema judicial:
- Acción en fuero civil: A vanza sobre la titularidad registral asentada en el Registro de la Propiedad, lo que sustentó la orden de desalojo.
- Investigación penal: Tramita de forma paralela para determinar si existió falsificación de documentos o fraude en la transferencia del bien.
Hasta el momento, la causa penal no había derivado en una medida cautelar de no innovar que suspendiera los plazos en sede civil, lo que permitió que la orden de ejecución siguiera su trámite. La defensa insiste en que suspender el desalojo resulta indispensable para evitar perjuicios irreparables mientras se investiga el fondo de la estafa denunciada.