El campo salió con los tapones de punta contra el plan de Sturzenegger para recortar el INTA. “Cada peso invertido se multiplica por 11”, retrucaron.
La relación entre el Gobierno nacional y el campo entró en zona de turbulencia. La Mesa de Enlace salió a cuestionar duramente la propuesta del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien anunció una reforma integral del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que implicaría fuertes recortes, cambios en la conducción y pérdida de autonomía institucional.
“¿Qué hace el INTA?”, lanzó Sturzenegger en una entrevista reciente, mientras criticaba que el organismo tiene “6000 empleados, 3000 vehículos” y consume un presupuesto que “equivale a la mitad de las retenciones al maíz”. Para el funcionario, el Instituto necesita “un rediseño integral” y propone eliminar su directorio —compuesto por entidades públicas y privadas del agro— para concentrar las decisiones en el Ejecutivo.
La respuesta del campo no tardó en llegar. A través de un comunicado, las entidades que integran la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) remarcaron que si bien “son necesarias algunas modificaciones para construir un INTA más eficiente y moderno”, rechazan de plano tres aspectos centrales del plan oficial: el intento de terminar con la autarquía, la alteración de su esquema de gobernanza y la disolución de los centros regionales.
“Los productores necesitan un INTA con amplia territorialidad, que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país. Cualquier medida que atente contra eso perjudica a todo el sector”, remarcaron.
Los cuestionamientos también llegaron desde dentro del organismo. En un informe elaborado por la Estación Experimental Agropecuaria INTA Marcos Juárez, los técnicos e investigadores defendieron el trabajo territorial y la transferencia tecnológica que realiza el organismo, clave para la competitividad y sustentabilidad del agro argentino.
“La financiación del INTA proviene de un porcentaje de la Tasa de Estadística a las Importaciones y es asignada públicamente por el Congreso Nacional. No debe verse como un gasto público, sino como una inversión”, argumentaron, y citaron un informe oficial del 2023 que muestra que cada peso invertido en el INTA genera un retorno de 11 pesos.
Además, calificaron de “erradas” las declaraciones del ministro y apuntaron que su mirada demuestra un “desconocimiento del sector agropecuario”, al minimizar el rol del agro en la generación de empleo. “Más de 4 millones de personas trabajan directa o indirectamente en el sector”, afirmaron.
Innovación en soja, trigo, ganadería y tecnología aplicada
En el mismo documento, los investigadores detallaron los aportes del INTA en distintos rubros:
En soja, evalúan más de 120 genotipos en 70 ambientes, y trabajan con 12 empresas privadas para desarrollar variedades no transgénicas con alto contenido proteico.
En trigo, desarrollaron 14 cultivares en los últimos seis años y avanzan con redes de ensayos y control de enfermedades.
Destacaron también su rol en la innovación que permitió el desarrollo del Trigo HB4 tolerante a sequía, creado por la científica del CONICET Raquel Chan y comercializado por Bioceres.
Además, promueven proyectos de sanidad animal, desarrollo porcino y bovino, y mejoras en la producción agroindustrial exportable.
Un organismo clave bajo la lupa
Mientras el Gobierno impulsa una política de fuerte ajuste sobre organismos públicos, el intento de desguace del INTA abrió una grieta inesperada con el campo, uno de los sectores que más había acompañado el inicio de la gestión libertaria, incluso tolerando el regreso de retenciones.Political merchandise
Pero esta vez, el recorte tocó una fibra sensible: el INTA es visto por el agro como una herramienta clave para el desarrollo productivo y la innovación, y la avanzada oficial enciende alarmas no solo por el futuro del Instituto, sino también por el modelo agropecuario nacional.