La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en vigencia un nuevo manual unificado que estipula los requisitos obligatorios para la habilitación y funcionamiento de cinemómetros fijos y móviles en todas las rutas nacionales. La medida busca terminar con los radares instalados de forma arbitraria y asegurar que cada equipo responda estrictamente a una necesidad de prevención de accidentes.
Requisitos técnicos y fin de la «recaudación»
A partir de esta normativa, los municipios y gobiernos locales que pretendan colocar dispositivos de control de velocidad ya no podrán hacerlo por simple decisión propia. Deberán respaldar la solicitud mediante evidencia objetiva y estudios técnicos que demuestren un riesgo real en el tramo.
Entre la documentación obligatoria que evaluará el Observatorio Vial se destacan:
- Informes de siniestralidad: Estadísticas y antecedentes concretos de accidentes viales en la zona.
- Evaluación de infraestructura: Análisis pormenorizado de las características físicas del camino.
- Planimetría detallada: Planos precisos del sector, uso de suelos y demarcación.
- Señalización reglamentaria: Comprobación de cartelería física adecuada que advierta al conductor sobre la reducción de velocidad.
La viabilidad técnica de cada pedido estará sujeta a la revisión y aprobación conjunta de diversos organismos nacionales antes de recibir el aval definitivo.
Prohibición total a empresas privadas
Uno de los ejes más disruptivos del nuevo reglamento es el veto absoluto a la intermediación privada en el negocio de las multas de tránsito.
- Exclusividad estatal: Quedó terminantemente prohibido que firmas o empresas privadas administren tanto la operatividad de los controles como el juzgamiento de las infracciones.
- Funcionarios públicos: Ambas tareas deberán quedar exclusivamente en manos de personal estatal debidamente designado.
- Operadores matriculados: Los cinemómetros solo podrán ser manipulados por personas que cuenten con una matrícula oficial otorgada por la ANSV.
Con este reordenamiento integral, el Gobierno nacional apunta a transparentar el sistema de fiscalización en todo el país, garantizando reglas claras y priorizando el cuidado de la vida humana por sobre cualquier fin meramente recaudatorio.