El juez federal, Alejo Ramos Padilla le ordenó al jefe de Gabinete Manuel Adorni que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de las advertencias por el fuerte deterioro presupuestario que atraviesa el organismo encargado de identificar a hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
La resolución judicial llegó tras las denuncias realizadas por Abuelas de Plaza de Mayo, que alertaron sobre el riesgo de paralización de estudios de ADN clave para las causas por apropiación de menores y supresión de identidad.
Qué ordenó Ramos Padilla
En una medida cautelar interina, el magistrado dispuso que Adorni adopte “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para sostener el funcionamiento del BNDG.
El fallo también exige garantizar la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras biológicas, las condiciones ambientales para conservar el material genético y los sistemas de seguridad física e informática.
La resolución alcanza además al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien deberá informar en un plazo de cinco días cuál sería la responsabilidad del Estado ante una eventual interrupción del servicio.
El juez advirtió que la posible paralización del organismo podría afectar seriamente investigaciones por delitos de lesa humanidad actualmente en trámite en la Justicia federal.
La advertencia del Banco Nacional de Datos Genéticos
La alarma se encendió luego de una serie de notas enviadas por la directora técnica del organismo, Mariana Herrera Piñero, a distintos juzgados y tribunales federales.
En esos documentos, la funcionaria explicó que el ajuste presupuestario ya impactó en el funcionamiento cotidiano del Banco. Según detalló, debieron suspenderse viajes para la toma de muestras biológicas y comenzaron a registrarse problemas para sostener servicios esenciales como vigilancia, limpieza, mantenimiento informático y preservación ambiental de las muestras.
La advertencia más grave llegó días atrás, cuando el organismo informó que ya no podría continuar realizando tomas de muestras biológicas por falta de recursos.
Desde el BNDG también alertaron sobre la imposibilidad de adquirir equipamiento para conservar adecuadamente nuevas muestras genéticas, un punto crítico para evitar el deterioro del material biológico utilizado en las pericias judiciales.
El rol clave del organismo en las causas de lesa humanidad
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, tras un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo.
El organismo se convirtió en una herramienta central para identificar a niños apropiados durante el terrorismo de Estado y reconstruir vínculos familiares destruidos por la dictadura.
Actualmente, el Banco conserva alrededor de 32.000 muestras genéticas vinculadas principalmente a causas de lesa humanidad y búsqueda de identidad.
En su resolución, Ramos Padilla definió al organismo como “técnico esencial e irremplazable” y remarcó que, en numerosos expedientes, las pericias genéticas constituyeron “la única prueba científica idónea” para determinar el verdadero origen biológico de las víctimas.
El magistrado recordó además distintos casos de restitución de identidad tramitados en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, entre ellos los de Elena Gallinari Abinet, Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca.
El reclamo de Abuelas y la reacción política
Desde Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que el desfinanciamiento podría provocar “un daño irreversible” en la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura y afectar nuevas investigaciones vinculadas al derecho a la identidad.
La organización presidida por Estela de Carlotto también recordó que el Gobierno ya había intentado modificar la estructura del organismo a través de la Ley Bases y posteriormente mediante el Decreto 351/2025.
En paralelo, la diputada nacional Cecilia Moreau presentó un proyecto para que el Congreso inste al presidente Javier Milei a preservar el funcionamiento del Banco.
Desde el Gobierno bonaerense también hubo cuestionamientos. La Subsecretaría provincial de Derechos Humanos recordó las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de investigación y reparación de delitos de lesa humanidad.
La preocupación por la preservación de las pruebas genéticas
Uno de los puntos que más inquieta a la Justicia y a los organismos de derechos humanos es el riesgo sobre la conservación de las muestras biológicas.
Según los informes incorporados al expediente, cualquier falla en la refrigeración, climatización o monitoreo ambiental podría alterar pruebas genéticas fundamentales para investigaciones judiciales en curso.