Organizaciones políticas, gremiales y funcionarios del Gobierno de La Rioja presentaron un documento de respaldo al juicio político a la Corte Suprema de Justicia y apoyaron la marcha, que se realizó este miércoles en Buenos Aires, por la reforma del Poder Judicial. “Apoyamos el pedido de juicio político del Gobierno nacional, que está tratando la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados de la Nación y las denuncias penales del gobernador Ricardo Quintela por los chats de (Silvio) Robles y (Marcelo) D’Alessandro”, expresaron a través del escrito que fue presentado durante la mañana en conferencia de prensa realizada en la Casa de la Memoria.
Entre los funcionarios, que leyeron parte del documento, se encontraban el secretario de Relaciones con la Comunidad, Miguel Galeano, el secretario de Derechos Humanos, Délfor Brizuela y el concejal del oficialismo por la Capital, Nélson Johansen. También contó con la participación de la Asociación de Ex Presos Políticos y la CTA La Rioja.
Entre los puntos más importantes del escrito piden «la urgente reforma y democratización del Poder Judicial” porque “asisten con indignación a un dispositivo mafioso que opera en las sombras impunemente como Estado paralelo y que, paradójicamente, tiene la función constitucional de administrar justicia y garantizar el estado de derecho”.
“Como trabajadoras y trabajadoras y trabajadores, militantes sociales, sindicales, políticos de derechos humanos repudiamos al Poder Judicial de la Nación degradado y descompuesto por un profundo deterioro moral y jurídico, desde la Corte Suprema de Justicia hasta gran parte del cuerpo judicial constituido por jueces de Cámara de tribunales orales de primera instancia y fiscales”, consideraron.
Advierten en el documento que la Corte “concedió privilegios a la jurisdicción más rica como es CABA”, en relación al fallo sobre la coparticipación que favoreció al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. También que el máximo tribunal de justicia del país, «aplico el 2×1 para favorecer a los genocidas condenados por los delitos de lesa humanidad; declaró inconstitucional un decreto que establecía la telefonía móvil , la televisión por cable e internet como un servicio público; se apropió del Consejo de la Magistratura, se lavó las manos con la persecución de Milagros Salas y miró para otro lado frente al intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.