El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que agravien a la Argentina. Legisladores cuestionaron la amplitud de la medida y advirtieron sobre su posible uso arbitrario.
El Gobierno de Javier Milei volvió a modificar por decreto la política migratoria y habilitó nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de ciudadanos extranjeros. La decisión generó cuestionamientos inmediatos de dirigentes opositores, que denunciaron problemas constitucionales, falta de precisión y un posible uso discrecional de la norma.
La modificación incorpora como causal migratoria la realización de expresiones o actos considerados agravios contra la República Argentina, sus ciudadanos, su cultura, su identidad o sus símbolos nacionales. El cambio alcanza tanto a quienes intenten ingresar al territorio como a extranjeros que ya tengan residencia.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que la medida responde a un incremento de los mensajes de hostilidad y menosprecio contra el país. El Gobierno difundió el decreto bajo la consigna de que quienes ataquen a la Argentina no serán bienvenidos.
La norma aclara que no podrán ser sancionadas las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que se encuentren protegidas por la Constitución. Sin embargo, desde la oposición advirtieron que la amplitud de los conceptos incluidos deja un margen considerable para la interpretación de las autoridades.
La oposición cuestionó la constitucionalidad del decreto
El diputado nacional Maximiliano Ferraro calificó la medida como un acto de “patrioterismo desprolijo e inconstitucional” y sostuvo que no responde a una verdadera situación de necesidad y urgencia.
El legislador de la Coalición Cívica cuestionó que el Poder Ejecutivo haya vuelto a utilizar un decreto para introducir cambios sustanciales en la legislación migratoria sin abrir previamente una discusión en el Congreso.
La diputada nacional Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones, también rechazó la decisión y señaló que resulta contradictorio que la iniciativa provenga de un Gobierno al que acusó de convertir los mensajes de odio en una política de Estado.
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Carignano ironizó además con que, si otros países aplicaran criterios similares frente a las declaraciones de funcionarios extranjeros, el propio Presidente podría enfrentar impedimentos para ingresar a distintas naciones.
Las críticas se concentraron especialmente en la dificultad para determinar qué expresiones pueden ser consideradas un agravio contra el pueblo argentino y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Qué establece la nueva modificación migratoria
El decreto permite rechazar el ingreso al país de extranjeros que hayan participado en actos o expresiones consideradas hostiles contra la Argentina. También habilita a cancelar residencias previamente otorgadas y avanzar con la expulsión del territorio nacional.
La medida se suma a los cambios que el Gobierno introdujo en 2025 mediante el DNU 366, que endureció las condiciones de ingreso y permanencia, amplió las causales de expulsión, exigió seguros de salud y modificó las reglas para acceder a determinados servicios públicos y a la ciudadanía argentina.
Parte de aquella reforma quedó bajo revisión judicial. La Cámara Nacional Electoral anuló el tramo que trasladaba a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de resolver solicitudes de ciudadanía por naturalización, al considerar que esa atribución corresponde al Poder Judicial.
El Gobierno apeló esa decisión y el expediente quedó en condiciones de llegar a la Corte Suprema. La nueva modificación vuelve a colocar el debate migratorio en el centro de la discusión política y constitucional.
El contexto de la decisión
El decreto fue publicado después de que Milei denunciara la existencia de una campaña internacional contra la Argentina, vinculada con críticas difundidas durante y después del Mundial de fútbol.
El Presidente atribuyó parte de esos cuestionamientos a sectores políticos y gobiernos extranjeros. La escalada coincidió además con una crisis diplomática con Brasil, luego de sus ataques contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo afirmó que las manifestaciones de hostilidad contra la Argentina pueden afectar la convivencia y la paz social. Los dirigentes opositores respondieron que el Gobierno utiliza conceptos imprecisos para ampliar sus facultades sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros.
El nuevo decreto deberá atravesar el mecanismo de revisión previsto para las normas de necesidad y urgencia. Mientras tanto, la oposición anticipó que insistirá con los cuestionamientos políticos y jurídicos a una reforma que vuelve a modificar la Ley de Migraciones sin debate parlamentario.