En medio de intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia decidió «declarar improcedente la ejecución de la sentencia de fecha 17 de marzo del 2022» que permitía la libertad del expresidente.
El expresidente de Perú Alberto Fujimori seguirá en prisión, según resolvió este viernes el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación.
El magistrado dispuso «declarar improcedente la ejecución de la sentencia de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad del favorecido Alberto Fujimori y devuelve todos los actuados al Tribunal Constitucional (TC)».
Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la justicia revocó el beneficio.
Además, fue condenado por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y permanece recluido actualmente en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, en Lima.
En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario.
Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.
Tres días de tensión
El martes pasado se publicó una resolución del TC en la que se rechazaban dos pedidos de aclaración y, según indicó después ante los medios el propio presidente del tribunal, Francisco Morales, con ello se «despejaba el camino» para que recuperara la libertad.
“La voz del tribunal en mayoría es que hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla”, dijo Morales, citado por el diario local El Comercio.
Con su resolución del martes, además de rechazar los pedidos de aclaración, el TC también remitía todo lo actuado al juez de ejecución del habeas corpus “a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”.
En sí misma, la resolución de apenas cinco páginas no era explícita respecto a la excarcelación, lo que lejos de aclarar la situación generó toda una polarización y debate jurídico respecto a si debía proceder o no.
Sobre todo porque en abril del 2022, luego de la emisión de la sentencia del TC a favor de Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como parte de un proceso de supervisión de cumplimiento, dispuso al Estado peruano “abstenerse” de ejecutarla debido a que se no habían cumplido con las “condiciones” establecidas previamente por la corte.
Para algunos especialistas, ello se encuentra a la fecha vigente, pues no hay otra disposición en la que se señale lo contrario.
Sin embargo, el propio Morales indicó que, si bien los integrantes del máximo intérprete de la Constitución valoran mucho “las opiniones de la corte, corresponde al tribunal determinar la libertad de los peruanos en territorio nacional”.
En ese contexto, toda la atención se centraba en lo que resolviera Fernández Tapia.
La Corte IDH había emplazado ayer a Perú para que en el término de una semana informe el estado de cumplimiento de la sentencia que le ordenó no indultar a Fujimori, un día después de que la justicia dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo.
El pedido se conoció un día después de que el TC rechazara una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia y, de ese modo, dejara abierta la posibilidad de excarcelarlo.
A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.