El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dialogó con MEDIOS RIOJA y manifestó su profunda indignación tras conocerse la ratificación de la jubilación de privilegio para el exlegislador riojano, Eduardo Menem. El fallo judicial establece un haber mensual de 41 millones de pesos y un pago retroactivo de 1.500 millones, cifras que contrastan drásticamente con la realidad de millones de beneficiarios en el país.
Semino remarcó que esta situación confirma que «los argentinos somos todos iguales ante la ley, solo que hay algunos que son más iguales que otros». El especialista explicó que la cifra se alcanzó debido a la larga trayectoria de Menem, padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem en cargos públicos y la aplicación de leyes de privilegio que luego fueron derogadas, pero que lo favorecieron en un litigio que comenzó en primera instancia.
Uno de los puntos que mayor malestar generó es la falta de acción por parte del organismo previsional durante el proceso legal. El defensor señaló que «lo más sorprendente tiene que ver con que ANSES no apeló esa primera instancia», algo que calificó como «excepcional» dado que, habitualmente, el organismo apela en el 98 por ciento de los casos de jubilados comunes. Al no haber recursos presentados, la Corte Suprema no pudo intervenir para revertir la decisión.
Para Semino, este escenario se vuelve «insoportable» al considerar que hay cinco millones de jubilados y un millón de personas con discapacidad que no logran cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, describió el panorama actual como una «crisis humanitaria» que parece haber sido «naturalizada socialmente y obviada por los políticos», denunciando que hoy muchos adultos mayores deben elegir entre comer o comprar sus medicamentos.