Los menores vivían en un “hogar” para niños, donde pasaban los días sin atención médica, violentados y en constante hacinamiento. Los castigaban con ayunos.
Trece chicos fueron rescatados de un supuesto “hogar” infantil donde vivían en condiciones inhumanas extremas en Florencio Varela, lugar en en el que eran violentados con golpes, sometidos a tareas laborales pesadas -desde albañilería hasta juntar bosta y heces-, sin atención médica y obligados a trabajar, incluso, cuando estaban enfermos.
Según el parte oficial, el hecho se descubrió en el marco de una investigación judicial por parte de la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, a cargo de Ernesto Daniel Ichazo.
En el lugar, donde los niños debían ser resguardados, se vulneraron todos sus derechos: eran obligados a juntar con carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos, alimentar a los animales y encargarse de la limpieza de las casas y del mobiliario del lugar, muchas veces sin supervisión adulta adecuada y en condiciones consideradas peligrosas para menores.
Entre las tareas, los menores preparaban cemento, levantaban maderas, piedras y otros elementos pesados, realizaban tareas de albañilería, cortaban cañas con machetes para construir cercos y cortaban el pasto del predio. Tareas que se extendían durante todo el día, hasta la medianoche, bajo la lluvia y a la intemperie.
La investigación también determinó que, si los chicos se resistían a cumplir con esas actividades, podían ser privados de alimento o expulsados al exterior durante jornadas de frío o durante la noche. Vivían episodios de violencia, como golpes con objetos contundentes.
Además, se detectaron condiciones de hacinamiento, suciedad, alimentación deficiente y falta de higiene. En algunos casos, los chicos dormían en colecho con perros y trabajaban cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica adecuada.
Asimismo, los menores, tenían prohibido mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para evitar que contaran lo que ocurría. No concurrían regularmente a la escuela, lo que implicaba una afectación directa de sus derechos a la educación y a la salud.
Dos funcionarios de organismos de Niñez de zona oeste habrían ayudado a ocultar o alterar pruebas antes de un allanamiento, por lo que son investigados. Habrían utilizado información reservada sobre medidas investigativas para advertir a las principales imputadas y permitir que el lugar fuera acondicionado antes del procedimiento, con el objetivo de ocultar las condiciones reales en que vivían los chicos.
En el marco de la causa se realizaron varios allanamientos en el lugar donde se encontraba el hogar, así como en domicilios y oficinas vinculados a los funcionarios investigados. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares de distintas marcas, un disco rígido de 160 GB y documentación considerada relevante para el avance de la investigación.
Los operativos fueron realizados por personal del área de Cibercrimen contra las Infancias y delitos conexos a la trata de personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con apoyo de efectivos de la Policía de la Ciudad
NA