El testimonio de Agustín Issin ante el juez federal Ariel Lijo complica la situación del Jefe de Gabinete. El broker aeronáutico aseguró que el pago de 3.000 dólares fue facturado a un empresario con contratos estatales.
La investigación por los vuelos privados de Manuel Adorni a Punta del Este dio un giro significativo este jueves en los tribunales de Comodoro Py. El piloto y broker aeronáutico, Agustín Issin, prestó declaración testimonial ante el juez Ariel Lijo y brindó detalles técnicos sobre la facturación del servicio realizado en un jet privado Hondajet.
Según fuentes judiciales, Issin confirmó que la factura de 3.000 dólares por el tramo de regreso no fue abonada por Adorni. El documento fue confeccionado a nombre de Marcelo Grandío, un periodista y empresario cuya productora mantiene vínculos contractuales con la TV Pública. Esta revelación contradice la versión oficial sostenida desde la Casa Rosada.
Apenas un día antes de esta declaración, el Jefe de Gabinete intentó zanjar la discusión durante su habitual contacto con la prensa. «Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué yo», había afirmado el funcionario ante la consulta de los periodistas, calificando el hecho como una «transacción privada» sobre la cual no daría más explicaciones.
La Justicia ahora pone el foco en la figura de dádivas y un posible enriquecimiento ilícito. El magistrado busca determinar si el costo del traslado fue un beneficio otorgado por empresarios que contratan con el Estado o si existe una incompatibilidad entre el patrimonio declarado por el funcionario y este tipo de gastos de lujo que no figuran a su nombre.
En las últimas horas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó las oficinas de la firma Alpha Centauri S.A. en San Fernando. Durante el operativo se secuestraron registros de vuelo y comprobantes de pago. Además, el juez solicitó a la ARCA (ex AFIP) informes fiscales y pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto para identificar a los acompañantes.
Con el avance de estas medidas de prueba, la situación judicial de Adorni entra en una etapa de definiciones. Mientras el entorno presidencial sostiene que se trata de una «operación política», el juzgado aguarda los peritajes finales sobre la facturación para decidir si corresponde un llamado a indagatoria.