En diálogo con MEDIOS RIOJA, Leo Nieto Vera, representante de UPSAP, apuntó contra la empresa tucumana Omega y las autoridades del nosocomio tras el despido de 53 trabajadores. Aseguran que hubo maniobras de renuncia obligatoria y una pérdida de más de mil millones de pesos en indemnizaciones.
El conflicto por la seguridad privada en el Hospital Regional Enrique Vera Barros sumó un nuevo capítulo de tensión. Leo Nieto Vera, referente de la Unión Personal de Seguridad Alfonso Pauta (UPSAP), denunció públicamente una situación de desprotección total para los trabajadores, vinculada directamente a la llegada de la empresa Omega, oriunda de Tucumán. Según el gremialista, esta crisis había sido advertida durante un acampe realizado en noviembre pasado.
«Permitimos que vengan empresas por años y se lleven los pocos fondos que tenemos los riojanos», expresó Nieto Vera, cuestionando que no se haya respetado la ley provincial en el proceso de licitación. El representante gremial subrayó que en La Rioja existen firmas locales calificadas para el servicio que fueron desplazadas por la prestadora tucumana.
La denuncia principal radica en lo que el gremio califica como un «fraude laboral tremendo». Nieto Vera detalló que, para mantener sus puestos, a los empleados se los habría presionado para desvincularse de la anterior empresa. «En noviembre de 2025 les dijeron a los chicos que, si querían seguir con el trabajo, tenían que renunciar a Prevenir», afirmó, señalando una posible connivencia entre las firmas involucradas.
Como consecuencia de estas maniobras, 53 personas presentaron su renuncia de forma simultánea, un hecho que, según UPSAP, no despertó las alertas necesarias en las autoridades de Trabajo. Además, denunciaron que los empleados fueron obligados a abandonar su sindicato actual para afiliarse a una entidad gremial de Buenos Aires.
Nieto Vera fue tajante al dimensionar el impacto económico de esta situación para los trabajadores afectados. «Estamos hablando de una estafa de más de mil millones de pesos en indemnizaciones», aseguró, vinculando el perjuicio directamente a las condiciones en las que se dio el traspaso de personal.
La responsabilidad del conflicto fue dirigida directamente hacia la dirección del hospital. El referente de UPSAP señaló al director Goitea como el principal responsable por haber encabezado el proceso de licitación y por haber dado garantías que, según los trabajadores, no se cumplieron.
«Ayer, los chicos le gritaban que él les prometió que nadie iba a ser despedido y que él les pidió que renuncien», relató Nieto Vera. Para el gremialista, el funcionario es la «cabeza visible» y el culpable de la situación que atraviesan las familias de los vigiladores.
Finalmente, el representante de los trabajadores de seguridad lamentó que la toma simbólica del hospital no haya surtido el efecto esperado, pero ratificó que continuarán visibilizando lo que consideran un atropello a los derechos laborales de los riojanos frente a intereses de empresas foráneas.