A través de una resolución oficial, el Gobierno asignará unidades retributivas adicionales a las áreas que más reduzcan su personal, medida que generó un fuerte rechazo sindical.
El Gobierno nacional publicó una resolución en el Boletín Oficial que otorga un plus salarial a los funcionarios encargados de áreas que logren reducir el personal en sus respectivos sectores. La medida, que ha generado rechazo en el gremio de los trabajadores estatales, establece que se podrán asignar unidades retributivas adicionales a los responsables de las áreas que implementen recortes de personal, lo que se traduce en un incremento salarial.
“La asignación de unidades retributivas estará determinada por el ahorro presupuestario generado por la reducción de la dotación de personal de cada jurisdicción», explicó la resolución, que entra en vigor a partir de su publicación.
Para los funcionarios que más empleados despidan, esto representa un beneficio económico directo, aunque la medida ha sido duramente criticada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales sindicatos del sector público. «Esto es una escandalosa decisión del Gobierno, le están pagando a algunos funcionarios para destruir el Estado», afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El valor de las Unidades Retributivas (UR) se calculó en $783, y, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo, que redujo su personal de 3.600 a 2.900 empleados, podría recibir más de 64.000 UR adicionales. Estos fondos, según cálculos de los gremios, equivalen a más de 52 millones de pesos para distribuir entre las autoridades superiores.
La resolución se enmarca dentro de la política de ajuste fiscal y racionalización del gasto público impulsada por el Gobierno. Sin embargo, ATE considera que la medida va en detrimento del bienestar de los trabajadores y que el ahorro generado por los despidos no beneficiará a la sociedad, sino a los funcionarios de segundo y tercer nivel.
El sindicato convocó a una movilización para este jueves en protesta por la medida, mientras que el Gobierno defiende la resolución como una estrategia para reducir el tamaño del Estado y promover el superávit fiscal.
Además de la protesta por los despidos, ATE exige la renovación automática de más de 50.000 contratos cuyo vencimiento está previsto para finales de marzo. También demanda la reapertura de las paritarias, ya que los aumentos salariales no han alcanzado a cubrir la inflación, lo que ha dejado a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza.
Por su parte, el gremio UPCN no se ha manifestado aún sobre la medida, aunque su secretario general, Andrés Rodríguez, ya anticipó que apoyará el paro general convocado por la CGT el 10 de abril.
La resolución y las protestas desatan un debate sobre la política de ajuste y su impacto en el sector público, mientras la administración busca equilibrar las cuentas fiscales a través de la reducción del gasto estatal.